¿Tus gastos o depósitos superan los ingresos que declaraste?

La discrepancia fiscal está prevista en el Art. 91 LISR. Opera cuando los gastos, depósitos en cuentas bancarias y/o inversiones de una persona física en un ejercicio exceden los ingresos que declaró al SAT (o cuando no presentó declaración estando obligada). Ante esa diferencia, el SAT presume ingresos omitidos y los grava como sueldos u honorarios no declarados aplicando la tarifa del Art. 152 LISR (hasta 35%) más actualización, recargos y multa.

El procedimiento se ha vuelto más frecuente porque el SAT cruza automáticamente datos de CNBV (cuentas bancarias), UIF (operaciones vulnerables), registro público de la propiedad (escrituras), Kueski/Klar/fintech, CFDI emitidos a tu nombre, saldos de Afore y pólizas de seguros. Cuando el algoritmo detecta gap, se dispara el expediente.

Que te llegue ahora suele significar que el ejercicio en revisión está por caducar y el SAT está corriendo todos los casos abiertos. Esto también significa que tus plazos para defenderte son inminentes: normalmente 20 días (prorrogables 15) para aclarar.

Depende del origen. Para préstamos: contrato de mutuo por escrito con fecha cierta (ratificación ante notario o aviso al SAT) y comprobantes de transferencia bidireccional. Para herencias: escritura de adjudicación, aviso de notario y acta de defunción. Para donativos entre parientes en línea recta o cónyuges: escritura pública o documento privado con ratificación, más CFDI de donativo cuando aplique.

Para venta de casa habitación: escritura pública y CFDI del notario; cuida el tope de exención (~700,000 UDIs). Para traspasos entre cuentas propias: conciliación bancaria firmada por contador mostrando que un depósito en banco A salió de banco B. Para retornos de inversión: estados de cuenta de la casa de bolsa con constancia de retenciones.

La clave es la trazabilidad: cada peso depositado debe poder seguirse desde un origen explicable. Si tienes contratos pero no transferencias que los respalden, el SAT los desestimará como pruebas fabricadas ex post. Mientras más antigua y bancaria sea la evidencia, más peso tiene.

En principio el Art. 91 LISR permite desvirtuar la presunción si acreditas el origen de los recursos. Los préstamos entre familiares son origen válido. El problema es probarlos: si fue en efectivo y no hay contrato, transferencia ni testigos, es casi imposible.

El Art. 90 LISR ordena que todo préstamo, donativo o premio que exceda de $600,000 al año se informe en la declaración anual. Si no lo informaste, el SAT puede presumir ingreso incluso si demuestras el origen. Por eso los préstamos familiares deben documentarse por escrito en el momento, ratificarse para dar fecha cierta y preferentemente transferirse por banco.

Si ya pasó y no lo documentaste así, la defensa es más dura pero no imposible: tesis de la Segunda Sala de la SCJN han reconocido valor probatorio a recibos entre particulares cuando hay coincidencia de movimientos bancarios, declaraciones del prestamista y consistencia temporal.

Sí, y casi siempre conviene hacerlo antes de que se emita la resolución definitiva. La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente (Art. 17) permite reducciones de multa del 20% si pagas antes del acta final o del oficio de observaciones, y del 30% si pagas después pero antes de la resolución. El Art. 70-A CFF permite condonación si es primera infracción.

La auto-corrección implica presentar declaración complementaria por el ejercicio observado, calculando el ISR sobre la parte que efectivamente sí corresponde a ingresos omitidos (no sobre la presunción total del SAT, que casi siempre está inflada). Requiere haber depurado previamente: separar lo explicable de lo no explicable.

Estratégicamente, la mejor jugada suele ser: (1) presentar aclaración con pruebas del 60-70% del monto, (2) auto-corregirse por el 30-40% restante con multa reducida, (3) si el SAT insiste en el total, ir a TFJA sólo por la diferencia.

Sí. La emisión de la liquidación no es el fin del camino, es el inicio formal de la etapa contenciosa. Tienes 30 días hábiles a partir de la notificación para interponer recurso de revocación ante el propio SAT (optativo) o directamente juicio de nulidad ante el TFJA. Ambos medios suspenden el PAE si garantizas el crédito (fianza, carta de crédito, embargo administrativo).

En el TFJA se revisa tanto fondo (si realmente había ingresos omitidos) como forma (si el procedimiento respetó tus derechos). La tasa de éxito es relativamente alta cuando la defensa está bien armada: vicios de notificación, pruebas mal valoradas, errores de cálculo o presunciones mal aplicadas suelen tumbar total o parcialmente la liquidación.

Si el TFJA te es adverso, queda el amparo directo ante Tribunal Colegiado de Circuito, donde se revisa constitucionalidad del acto. En total, un litigio completo puede durar 24 a 36 meses, pero durante todo ese tiempo el crédito queda suspendido en su cobro.